Las bases de datos y la disputa por internet.

Hasta hoy, internet ha sido el más grande foro público en la historia. Un estudio reciente de Insites Consulting revela que 72 por ciento de los usuarios en el mundo participa, al menos, de una de las redes sociales, es decir, 940 millones de personas cuentan con un perfil virtual en Facebook, MySpace o Twitter.

El afán de algunos gobiernos por regular internet se topa con movimientos ciudadanos internautas que defienden su libre circulación por las redes digitales. Con todo y sus riesgos, como la pederastia, el fraude cibernético y la piratería. Otro, más sutil, consiste en la entrega de datos personales que es, quizá, el precio que se paga por la gratuidad.

Las bases de datos personales que circulan en la red son, por un lado, materia prima para nuevos y fascinantes estudios sobre el comportamiento humano, pero también la nueva mina de oro de la mercadotecnia y el espionaje.

Sin embargo, siempre hay un ingenioso que logra transgredir las reglas y obliga a cambiarlas. Y no siempre se trata de “piratas”. Recientemente, por ejemplo, dos laboratorios de arte experimental europeos: el holandés Worm con su Suicide Machine, y el italiano Seppuko, por separado, desarrollaron un programa que permitía al usuario la eliminación definitiva de su perfil en Facebook. Su propuesta era “devolverle a los usuarios de las redes sociales el control de sus propios datos”. Cuando 20 mil usuarios lo habían logrado, la empresa bloqueó la aplicación de dicho programa, pero, presionada, tuvo que cambiar sus cláusulas de privacidad y permitirle a la gente borrar sus datos al darse de baja, lo que hasta fines de 2009 era imposible. Ahora el sistema conserva sólo “cierta información” para “prevenir el robo de identidades”.

Por otro lado y con la idea de proteger la propiedad intelectual de la piratería (física y digital), un grupo de países, incluido México, negocian la firma de un Acuerdo Comercial Anti-Falsificación (ACTA, por sus siglas en inglés), cuya siguiente reunión será el sábado próximo en Wellington, Nueva Zelanda. La poca transparencia del proyecto y el riesgo de que se apruebe un filtro obligatorio de datos personales a través de los proveedores de servicios de internet para detectar presuntos infractores, han movilizado a internautas de todo el mundo que vislumbran, además de la criminalización de los usuarios, un atentado a libertades y derechos civiles como el de la privacidad.

El asunto es complejo. Lo claro es que hay una ciudadanía que ya no está dispuesta a que decidan por ella sin su participación.

Visto en: Milenio

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